¿Cómo se recusa un Fiscal?

En forma unánime, la Sala Penal del STJ fijó criterio para la recusación de fiscales.

En un reciente fallo, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos fijó un criterio respecto a la recusación de los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Por unanimidad, los vocales Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia echaron luz sobre el dilema entre el Artículo 35 de la Ley 10.407 – Ley Orgánica del Ministerio Público – y el Artículo 60 de la Ley 9.754 – Código Procesal Penal de Entre Ríos – sosteniendo que las recusaciones a los fiscales, si ya está interviniendo el juez, es dentro del ámbito del Juzgado de Garantías.

Indica Radio La Voz que el pronunciamiento se dio en el marco del recurso de impugnación extraordinaria que planteó la defensa de uno de los imputados en la causa conocida como ‘Contratos de la Legislatura’, por la recusación de la fiscal Patricia Yedro. Si bien, el Alto Tribunal declaró abstracta la impugnación, se adentró a definir “que organismo resulta competente para resolver un planteo recusatorio de un representante del MPF”.

“Resulta imprescindible para resolver la controversia traída a decisión que este Tribunal ad quem determine qué organismo resulta competente para resolver un planteo recusatorio de un representante del Ministerio Público Fiscal”, sostiene el fallo.

“Analizando la legislación local sobre la base de los mencionados postulados teóricos, se advierte que el instituto de la recusación de los fiscales, es una de las herramientas procesales a disposición del imputado y su defensa técnica para reclamar que la actividad fiscal se ciña al principio de objetividad. A su vez, no puede soslayarse que existen en el ordenamiento jurídico provincial dos normas que regulan la cuestión, que resultan – en apariencia – contradictorias”.

“Surge evidente que los textos normativos antes citados son – prima facie – incompatibles. Frente a ello, estimo que este Tribunal ad quem debe adentrarse a determinar el sentido y alcance preciso de tales disposiciones, teniendo en cuenta los lineamientos básicos que emanan de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Trasladando al presente caso los parámetros hermenéuticos expuestos, en mi opinión no es factible convalidar lo resuelto en las instancias inferiores y dejar sin efecto la disposición del Artículo 60 del C.P.P.E.R. por considerar que esa norma fue derogada por la Ley 10.407, atento su carácter de ley posterior y especial, sino que corresponde armonizar los textos legales en pugna”, expone la resolución.

“Estimo que es posible conjugar las normas que disciplinan la recusación y excusación de los representantes del Ministerio Público Fiscal y lograr que ambas conserven su valor y vigencia, asignándole pleno efecto a la voluntad del legislador provincial”.

“Es viable establecer pretoriamente que el Artículo 35 de la Ley 10.407, en tanto encomienda al Fiscal de Coordinación o al Procurador General – según el caso- la decisión de un planteo recusatorio rige durante la Investigación Penal Preparatoria, cuando esa investigación aún no ha sido sometida al control judicial, atento al carácter desformalizado, flexible y dinámico que caracteriza a esta etapa del proceso penal”.

“Ahora bien, una vez que esa investigación penal preparatoria es sometida al control y decisión judicial se produce un cambio rotundo en la dinámica del proceso penal y es función exclusivamente jurisdiccional la revisión de la legalidad del proceso, el resguardo de las garantías constitucionales de los intervinientes y la resolución de todas las controversias que se susciten entre las partes, lo que incluye el efectivo control de la legitimidad de los actores procesales que intervienen en la investigación”, continúa diciendo la sentencia.

“En estos supuestos, la resolución del planteo recusatorio de un representante del Ministerio Público Fiscal debe tramitarse de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 60 del CPPER, quedando en manos del Juez de Garantías o del Tribunal de Juicio la decisión al respecto”.

“Las razones antes expuestas, me determinan a concluir que en el caso sometido a decisión, la recusación de la Dra. Patricia Yedro, articulada por la defensa técnica del imputado Jorge De Breuil debió ser resuelta por la Juez de Garantías que interviene en este legajo Dra. Marina Barbagelata”, establecen los vocales del STJ.

“No obstante ello, lo cierto y concreto es que el planteo ha devenido abstracto, atento que lo que se cuestionaba era el rechazo de la solicitud de habilitación al Dr. Alex Zlatar para compulsar el legajo y realizar copias de su contenido”, concluye el fallo de la Sala Penal.