R. Pagliotto

Todo bien doctores García y Goyeneche, “pero el poncho no aparece”, como decía sabiamente don Argentino Luna. Siguen los denunciados (G y G), con inercial irresponsabilidad y desopilante desdén, sin ejercer sus defensas materiales y técnicas en el ámbito idóneo, bajo las formas rituales de estilo y ante las autoridades del organismo que corresponde.

No es la prensa -señores representantes exclusivos de la dogmática penal en la tierra de los mortales- el ámbito natural ni apropiado donde debe desarrollarse este proceso constitucional, y ambos bien lo saben y entienden.

Nuestra denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento formulada contra García y Goyeneche, de cien carillas, se fundó en variopintas motivaciones y pruebas, que nada, absolutamente nada, tienen que ver con estos refritos berretas y parciales de la historia judicial y política local al que apelan sibilinamente sendos procuradores para seguir profundizando la confusión y sembrar más dudas todavía sobre los reales y auténticos motivos que tuvimos en cuenta para la promoción del Jury, lo que nos decidimos a concretar, luego de analizarlo sesudamente una y otra vez, atento a que revestimos el doble carácter de denunciantes: de los imputados en las causas que hoy tiene como acusado en juicio, entre muchos otros, al Ex Gobernador y actual Embajador en Israel y Chipre, Sergio D. Urribarri y a los propios procuradores aludidos. En síntesis, quienes denunciamos a Cecilia Andrea Goyeneche (por ahora dejaremos para más adelante el caso del Procurador Jorge Amílcar Luciano García) hemos explicitado holgadamente y de modo reiterado- en el extenso memorial de postulación- cuáles han sido las causales esgrimidas para ello, acompañando profusa y objetiva prueba cargosa, aunque desconocemos y poco y nada nos interesan, los motivos o convicciones, libres o íntimas, que tuvieron en mira los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento para acoger la apertura o sostener el rechazo del mismo, con seis votos a favor y sólo uno en contra (del representante de los abogados/as). Esa no es nuestra función ni pretendemos que lo sea. No somos intérpretes ni exégetas de ocasión de los distinguidos miembros del Jury.

De nuevo y por si acaso a alguien todavía le cupieran dudas (auténticas o interesadas, no importa), aclaramos que con el Dr. Guillermo Mulet sabemos y tenenos bien claro y asumido, sin beneficio de inventario, por qué razones o causales comprobadas y comprobables solicitamos el Jury de los procuradores; y eso y no otras cosas, es lo que en esencia nos interesa y motiva en este asunto, y para nada las especulaciones que bajo la forma de sucias, cobardes y canallas operetas de prensa e involucrando a entidades de fiscales del orden nacional y demás asociaciones afines, llevan adelante con el ahínco y rusticidad propios de los desesperados, Jorge García y su adjunta Cecilia Goyeneche. Todo lo demás, venga de donde viniere, es pura cháchara y nunca tan oportuno y actual resulta memorar para este asunto público la remanida, pero siempre vigente frase futbolera y oriental que reza: “los de afuera son de palo”. Y que siga la función!!!

Por si aún no fuimos claros, apenas y solamente queremos y exigimos saber: 1) Por qué calló ominosamente la Dra. Goyeneche su vínculo económico, comercial o cómo se llame, con el Cr. Pedro Opromolla, a partir de compartir no uno (1) sino dos (2) inmuebles (uno en calle La Paz y otro en calle Urquiza, de esta ciudad); 2) Por qué luego de haber callado temerariamente y a

pesar de existir documentación oficial que daba cuenta de esa relación societaria o de copropiedad, en una audiencia pública ante la Jueza María Carolina Castagno, lo negó rotundamente bajo la estridente y pomposa frase: “ES FALSO SU SEÑORIA”, procediendo de seguido a agraviar y amenazar a los Dres. Miguel A. Cullen y Leopoldo Cappa, que ejercían -y ejercen en la actualidad-la defensa técnica de dos imputados en la causa Contratos truchos de la legislatura; 3) Por qué luego de quedar patentizada esta vinculación comercial a la vista de todos, procedió a “vender” o ceder a su joven sobrina- de igual apellido- la parte de la propiedad de calle Urquiza 165, siendo desde ese momento, su sobrina, la nueva socia de Pedro Opromolla, compartiendo los cánones locativos que mensualmente perciben por dicho contrato de alquiler; 4) Por qué razón o motivo maltrató, con desparpajo y abusivo ejercicio de autoridad o poder, al moto mandado o cadete del Estudio Contable, Mario Deiloff, testigo propuesto por fiscalia en la causa Contratos, a partir del momento en que el declarante, ante una pregunta de los interrogadores públicos, con absoluta naturalidad y frescura nombra a Sebastián Orlando (de apellido), cónyuge de la Fiscal “Anticorrupción” Goyeneche, como integrante del estudio contable de calle Misiones 267, identificados como Integral Asesoría, dentro del cual funciona el estudio OKO, que se corresponde con las primeras letras de los apellidos de sus socios fundadores (Opromolla, Krapp y Orlando, de apellido), para luego destratarlo de modo inexcusable y abusivo al interrogarlo la propia Goyeneche acerca de las características físicas de su esposo, al que describe de modo exacto como “peladito y rubio” o “peladito y de anteojos”, coincidiendo ello de modo exacto con el genotipo del Cr. Luis Sebastian ORLANDO BERTOZZI; 5) Por qué razón o motivo plausible la iracunda fiscal anticorrupción le preguntó – con tono amenazante y altanero- al testigo Deiloff, si antes de la audiencia testimonial alguien le había sugerido que nombrase al Cr. ORLANDO BERTOZZI como integrante del estudio contable de calle Misiones; 6) Por qué motivos, razones o fundamentos, al día siguiente del interrogatorio (no entrevista) solicitó y concretó una orden de allanamiento en el domicilio particular de Deiloff, procediéndole a secuestrar su teléfono celular? Acaso temía- me pregunto obiter dicta- que en ese celular se encontraran vínculos o mensajes comprometedores para su cónyuge o incluso para ella misma?; 7) Por qué motivo la virtuosa fiscal “Anticorrupción” no se excusó temporáneamente en la causa, invocando – como hubiera hecho alguien íntegro, probo, transparente y objetivo- íntima amistad entre el imputado Pedro Opromolla y su cónyuge Orlando Bertozzi y la vinculación de éste, además, con Guido Krapp, Nicolás Beber y Renato Mansilla, quien además fungía (el último nombrado es corredor inmobiliario) de administrador de las propiedades que Fiscal “Anticorrupción” y Opromolla compartían en un 50% cada uno y cuyos cánones locativos se pagaban en ese Estudio, epicentro o usina de la administración y tributación de los Contratos apócrifos de la legislatura (Calle Misiones 267, donde funcionaba OKO dentro de Integral Asesoria y una agencia o terminal de Entre Rios Servicios, donde todos los meses se pagaban los monotributos de los prestanombres de contratos de la legislatura); 8) por qué causa, motivo o razón no se excusó Cecilia Andrea Goyeneche de la causa contratos, por ser ella esposa de Luis Sebastián ORLANDO BERTOZZI, amigo íntimo del imputado Pedro Opromolla, a quien se ve compartir – en registro fotográfico anexado a la denuncia-la mesa principal de la boda de la Procuradora Goyeneche con el Cr. ORLANDO BERTOZZI, además de que – según información sujeta a ser confirmada- Pedro Opromolla sería testigo del casamiento en primeras nupcias entre Orlando y su primera cónyuge o que Opromolla sería padrino de bautismo de una de las hijas del matrimonio Orlando- Goyeneche y 9) Por qué razones y fundamentos jurídico procesales se le dispensó tan desigual, discriminatorio y asimétrico trato a los Cres. Bilbao y Faure o al Sr. Juan P. Aguilera con respeto a los del Estudio Integral Asesoría, toda vez que de mínima, ambos grupos concentraban idénticas responsabilidades en su supuesta participación criminal, advirtiendo que algunos encartados sufrieron prisiones

cautelares y secuestros de celulares y los otros, ninguna de las dos medidas de coerción dispuestas.-

En fin, esas y otras cosas más son las que debe aclarar la denunciada en el Jury y ante la Comisión de Juicio Político, su jefe encubridor y autor intelectual y decisor final de las asimétricas medidas de política criminal aplicadas en esta investigación, incluso ante los propios egregios fiscales y procuradores y demás ciudadanas y ciudadanos que han salido –muchos de buena fe, aunque con alarmante desconocimiento- a dar su apoyo incondicional a la Dra. Goyeneche, según ellos, víctima directa de una persecución ideada y armada en su contra por imputados en causas de corrupción, sus abogados y quienes la denunciamos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos.- Pero también, según ellos, por Magistrados de todas las instancias y jurisdicciones, periodistas, autoridades del CAER, del propio Jurado de Enjuiciamiento y hasta de la Federación de Cortes y Tribunales Superiores de la República Argentina, incluyendo por último a prestigiosos (de verdad) juristas, algunos de los cuales han polemizado con el Sheriff Mayor sobre el Juicio por Jurados, afortunadamente instaurado por ley y para los tiempos por venir, con el consenso unánime de todas las representaciones políticas de la legislatura entrerriana.

Esta conspiración macabra e injusta, antirrepublicana y arbitraria, urdida contra la abnegada y virtuosa fiscal “Anticorrupción”(designada en esa unidad fiscal manu militari por el Procurador General en amplio y democrático consenso con él mismo, a través de un soliloquió celebrado en la diminuta superficie de su despacho), auto erigida máxima y última “cruzada” por la transparencia y contra la impunidad de corruptos y mafiosos de toda laya, y ratificado tan alto concepto por temulentos y serviles lambones a sueldo de la propia Procuración (ideólogos del virtuoso, valiente y originalísimo slogan: “todes somos Cecilia”) y vocacionales también, ha exportado sus efectos expansivos de toneladas de heces acumuladas en años, hacia destinos allende los rios provinciales, con claros signos de nacionalización del conflicto local, donde los denunciados se exhiben -torpe y mendazmente- como víctimas elegidas por un grupo de corruptos y sus abogados, convertidos todos ellos en desaprensivos conspiradores empeñados en desarticular y entorpecer investigaciones de los fiscales para garantizar la impunidad de corruptos y demás grupos mafiosos, protagonistas de hechos de corrupción de enorme envergadura y extraordinaria incidencia social.-

Como dijo un avezado y veterano ex magistrado, “están viendo demasiadas películas los chiques de la Procuración y han ingresado a una suerte de clima de insana esquizofrenia con pizcas de psicosis delirante”, y en lugar de enarbolar defensas bajo el influjo del fair play (del que tanto hablan y hacen gala) y atender con dedicación y esmero causas muy graves de inseguridad en Entre Rios y profundizar la mayoría de legajos de causas de corrupción (que no casual sino causalmente en su mayoría no han sido iniciadas por ellos de oficio), derrochan el valioso e irrecuperable tiempo en embusteras campañas de auto victimización y reproches desorbitados a sus denunciantes, dilapidan irresponsablemente recursos públicos y humanos, en estas lides que hoy los tiene ocupados y preocupados en su propio e individual interés.

Si toda esta enjundia, garra, tiempo y encarnizamiento apasionado con impronta de paroxismo contra los integrantes del Jury y sus denunciantes, lo hubieran utilizado en causas como las de Fátima Acevedo; la del supuesto enriquecimiento ilícito del amigo del Procurador General, Senador Provincial (MC) Hernán Vitullo (que hoy presionaría, según la prensa libre, al conjuez Justet que aceptó el convite de ser acusador ante el Jury, a pesar de las amenazas coactivas del Procurador García lanzadas como invectivas urbi et orbi y bajo rebuscadas construcciones dogmáticas, delirantes y esotéricas); las acumuladas de José Ángel Allende y su meteórico enriquecimiento ilícito concursado con amenazas coactivas contra un periodista y una actual

Ministra y otras por peculado y negociaciones incompatibles; o la del pibe de Concordia, Erik Valdez, muerto días pasados a manos de la Policía; la mismísima mega causa de los contratos truchos, en la que la filosa y profundísima pesquisa orientada, dirigida y coordinada por la Procuración General y la Fiscal Anticorrupción, sólo llegó – a pesar de que cuentan con documentación específica donde constan las responsabilidades en los nombramientos y contratos que tienen los legisladores y autoridades de las Cámaras- hasta los niveles administrativos de muy bajo rango y hasta algunos del estamento medio, dejando excluidos “ex profeso” y a pesar de las alertas efectuadas desde varios medios y opiniones de diversos actores sociales, a los más de ciento cincuenta (150) legisladores que entre diputados y senadores ocuparon bancas y dentro de ellos, presidencias y vicepresidencias en ambas Cámaras y/o jefaturas de bloques parlamentarios, durante el período investigado, comprendido entre 2008 a 2018 o también y por qué no, en dejar de hacer trabajos conspirativos, desde las sombras y a través de mandaderos a de Observatorios de Fiscales, contra el Juicio por Jurados, sólo por nombrar apenas algunas de las muchas causas y casos importantes y vitales, seguramente la ciudadanía toda confiaría mucho más en el servicio de justicia y de ese modo los funcionarios del MPF, justificarían más y de mejor forma los abultados sueldos que perciben del erario público, todos los meses y religiosamente.

Tanto les cuesta a los Procuradores Garcia y Goyeneche entender que ese fue nuestro único y exclusivo objetivo y ninguna otra cosa hay oculta detrás de nuestro pedido de formación de Jury, al menos de nuestra parte.

Esto también debería ser entendido por algunos dirigentes políticos de la UCR, partido al que ambos denunciantes pertenecemos y, en general, por los del espacio de J x C, algunos de cuyos máximos dirigentes locales le tributan admiración a la procuradora denunciada ante el Jury, acompañándola en sus duras críticas hacia quienes la denunciamos, dándose la rara paradoja que esos mismos dirigentes que hoy nos defenestran injusta y cobardemente, aunque ello no sea su real intención o siquiera se percaten de ello, años antes, nos aplaudían, palmeaban nuestras espaldas y nos invitaban a dar charlas sobre el flagelo de la corrupción en Entre Ríos y Argentina y, a veces, hasta nos convocaban para imponernos ciertos hechos de posible corrupción administrativa, a fin de que los asesoráramos sobre la conveniencia y posibilidades concretas de que las denuncias procedieran y tuvieran el volumen probatorio que las hiciera viables, razonables y objetivas.- Casi siempre, las más de las veces, fueron suscriptas solamente por nosotros, salvo en los honrosos y destacables casos de los Senadores Kisser, Piana y Ferrari y del diputado Eduardo Solari, que siempre y en todo momento nos acompañaron incondicionalmente con sus firmas y respaldos políticos, en otras denuncias que emprendíamos juntos, pedidos de informes e investigaciones a nivel provincial y de municipios.- Cosas que pasan, pero que inquietan, lastiman y enojan.

Precisamente, entre los que critican nuestra denuncia ante el Jury de Enjuiciamiento de la Fiscal Cecilia Goyeneche, deslizando que somos funcionales a los espurios intereses de los funcionarios denunciados, a través de anodinos mensajes pletóricos en sinécdoques, se encuentran algunos de aquellos dirigentes políticos y/o legisladores (o ex) que nunca hicieron una sola denuncia por actos de corrupción administrativa, seguramente porque no se animaban ni animan, a pesar de haber contado con los fueros que nosotros jamás tuvimos, pero tampoco con las íntimas y leales convicciones que en todo momento nos inspiraron para denunciar hechos de corrupción y a sus autores probables, sin importarnos el partido o facción política de la que formen parte.-

Colofón: nos hacemos cargo absolutamente de todas las denuncias que hemos hecho, por cuenta y orden de nuestro volumen testicular, tanto contra funcionarios y funcionarias por

supuestos hechos de corrupción como contra los Sres. Procuradores Jorge García y Cecilia Andrea Goyeneche, por las motivaciones ya explicitadas extensamente. Pero también de la que presentaremos terminada la feria judicial contra el Procurador Jorge A. L. García ante la Comisión de Juicio Político de la HCD, cuestión de avenirnos procesalmente (aún sin compartirlo, pero respetando lo decidido por una mayoría ajustada del Jurado de Enjuiciamiento) y conformarlo al jefe provincial de la vindicta pública en su patológico e infinito ego de aspirar a ser juzgado de la misma forma que el Gobernador o los vocales del STJER. Por último: no queremos en modo alguno obstaculizar investigaciones, sembrar miedo en la judicatura ni en el MPF, ni ser funcionales a la impunidad de nadie, pero a la de los Procuradores denunciados tampoco.

Nos motiva únicamente que se haga justicia y que todos quienes incumplen normas (o lo que ellas comunican), sean políticos (sin distinción de partidos), empresarios, jueces, fiscales o cualquier ciudadano, desde el más encumbrado hasta el “de a pie”, sean investigados y, de encontrarse motivos reales y objetivos con sus respectivas pruebas, juzgados en tiempo oportuno y razonable y eventualmente condenados de modo retributivo y en proporción de culpabilidad, asegurándoles todas las garantías- sin mengua alguna- de un debido y justo proceso. Sólo eso, nada más que eso. Pero todo eso.

(*) Abogado (UNL). Ex Fiscal de Investigaciones Administrativas de En Rios. Ex Presidente Sección Paraná (CAER). Docente Universitario (ordinario por concurso). Jurado Técnico Consejo de la Magistratura de Entre Ríos. Miembro de APP.