Es la 1° movilización ciudadana exigiendo la renuncia de los máximos miembros del Poder Judicial en la Argentina. Etiqueta #1F #1FMarchamosALaCorte
La Republica se basa en la división, control y equilibrio entre los tres (3) Poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.
Las funciones e independencia de cada uno ha sido extensamente debatido y ensañado en las aulas de este país.
Para resumir, el Poder Legislativo, es donde el pueblo se representa, es el que hace las leyes; mientras que el Poder Ejecutivo ejecuta esas leyes; y por último está el Poder Judicial que interpreta las leyes y las hace cumplir a través de sus sentencias.
Ya en los manuales de primaria se hace la diferencia del carácter político y democrático de los dos (2) primeros poderes, legislativo y ejecutivo, y el carácter «independiente» del judicial.
Esa declarada independencia ha sido debatida en todos los claustros académicos, y en lo popular es de antaño la frase «hazte amigo del juez no le des de que quejarse», como marcando que siempre lo judicial responde a razones non sancta.
En los últimos años se ha podido visibilizar, lo que siempre ha ocurrido, el armado de causas, pero como esta vez tocó a los dos (2) primeros poderes, tomo trascendencia.
Se ha llamado golpe blando, al ya no poder intervenir se militarmente los países de Latinoamérica, la conocida derecha internacional ha acudido al armado de causas mediáticas, contra dirigentes políticos y sociales opuestos, el poder judicial se ha apropiado de esas causas mediáticas, haciéndolas judiciales, y de esa manera nació lo que conocemos como LAWFARE.
El LAWFARE es la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente. En Latinoamérica se instrumentó contra dirigentes políticos y sociales que buscaban la unidad de la patria grande, con políticas de justicia social y distribución de la riqueza.
Solo podrían estar detrás del LAWFARE, el verdadero poder del estado, ese que siempre busca la conveniencia particular de un solo sector, el brazo cívico empresarial que se dejó ver en la última dictadura militar que padeció Argentina.
En el caso de Argentina, la última dictadura fue CÍVICO MILITAR, sin embargo solo se señaló, enjuicio y condenó al sector militar, quedando impune el sector cívico detrás de ese golpe.
Ese sector impune, ha seguido buscando a lo largo de los diferentes gobiernos, desde el retorno de la democracia (1983), como sacar ventaja a costa del hambre del pueblo, y cuando no lo logró, ha buscado sacar al gobierno de turno por otro más afín.ñ a sus intereses.
Pues si bien en Argentina no tenemos «prerrogativas de sangre» ni «títulos de nobleza» existe cierta casta que siempre ha buscado manejar los hilos del país, a su exclusivo beneficio, con la incursión de gobiernos populares ha visto truncado su ambición, y se ha refugiado en el único poder del estado donde se siente de la nobleza que cree merecer, donde los cargos son vitalicios y le rinden honores causi-monarquicos: el poder judicial.
El armado de causas, hacía el pobrerio ha existido desde antaño, pero al verse visibilizado tomo notoriedad y hasta ha recibido nombre: LAWFARE, y es contra esto que se marcha en la Argentina el 1F22.
Se marcha para dejar al descubierto el descrédito y la falta de legitimidad del máximo tribunal de justicia de este país, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (CSJN), pues 8 de cada 10 argentino descree del poder judicial.
Ante está realidad quienes se vieron descubierto han intentado partidizar la marcha, endilgando la convocatoria al sector duro del kirchnerismo, mientras que la realidad es que ha sido convocada por propios miembros del poder judicial que no quieren prestarse al LAWFARE.
Se acusa al PJ, en cabeza de la CSJN, de ser la máxima representante del retardo de justicia y la regresividad, lo inicio a fines de 2015 con el fallo ORELLANO, y tuvo su corolario con el fallo de 12/2021 para apropiarse el presidente de la CSJN de la caja del Consejo de la Magistratura.
Cómo puede evidenciarse, se acusa a los miembros de la CSJN de tratar de manera acelerada temas relativos a la corporación judicial, en desmedro de los demás casos, como son la materia laboral, de salud, de lesa humanidad, entre otros dejados al olvido.
Otro ejemplo resonante de la acusación a la corte ha sido EL HACER LUGAR AL PER SALTUM para trasladar a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli de sus lugares a la Cámara de Apelaciones, para tratar y resolver temas que atañen a la corporación judicial y «los amigos del juez».
Ni hablar de los presxs y detenidxs políticxs en democracia, que llegaron a ser más de 50 desde diciembre de 2015, y entre los que aún hoy se cuenta a Milagros Salas.
La CSJN ha convalidado la persecusión a opositores del macrismo y la derecha argentina, sostenido causas prescriptas y sin base probatoria, forzando la jurisdicción, criminalizadonla protesta social y el encarcelamiento sin condena de dirigentes sociales y políticos.
Ni hablar de la dependiencia del Poder Judicial de Corrientes al poder político correntino, o del ala derecha de las dictaduras cívico militar, devenidos en empresarios.
Por todo esto, no solo se marcha en CABA, sino también en Corrientes, y en cada Provincia del país, pidiendo la RENUNCIA DE LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, convocada por el Juez Ramos Padilla, titular del Tribunal Oral .en lo Criminal y Correccional No 29 de CABA, acompañado por diferentes sectores sindicales, gremiales, sociales e internacionales.
LA NOTA digital 