Causa UPM-Botnia: convocaron a Piaggio, Bordet y Cabandié

El juez Viri dispuso una audiencia pública.

Se llevará a cabo el 16 de junio en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú y están convocados a participar miembros de la CARU, el gobernador Gustavo Bordet, el intendente Martín Piaggio, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, Juan Cabandié, el embajador de Uruguay y el presidente de UPM- Ex Botnia, entre otras autoridades.

En febrero de 2006 el entonces gobernador de la provincia de Entre Ríos, Jorge Pedro Busti, se presentó ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay para denunciar a los empresarios dueños de las pasteras que comenzaban a construirse en la localidad de Fray Bentos (Uruguay) por tentativa de contaminación.

La única investigación judicial en tribunales argentinos, en el marco de un conflicto que escaló hasta convertirse en una verdadera dificultad en el vínculo entre los dos países, acumuló algunas fojas y se mezcló entre otros expedientes, aguardando respuesta a las solicitudes enviadas tanto a la CARU como a la República Oriental del Uruguay. Los empresarios jamás declararon, la CARU no brindó la información solicitada en el marco de la investigación, nadie tuvo la suficiente voluntad para que la causa avanzara y todo lo demás ya es súper conocido: la resolución de la Haya, el pacto de Anchorena, los gobiernos recomponiendo lazos y un reclamo ambiental que hace 16 años no obtiene respuesta.

Días previos a una nueva convocatoria de la Asamblea Ciudadana Ambiental al Puente Internacional General San Martín para un nuevo «Abrazo al Río Uruguay», el juez federal Hernán Viri convocó a una audiencia pública informativa, el próximo 16 de junio a las 11 horas, en el Centro de Convenciones ubicado en el Parque de la Estación, de Gualeguaychú.

Para dicha audiencia se convocó a los integrantes de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), al gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet; al Intendente Martín Piaggio; a la fiscal federal Josefina Minatta; a los querellantes, entre los cuales se encuentran vecinos que integraron la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú (ACAG); al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié; al Embajador del Uruguay y al Presidente de la firma UPM ex Botnia. También al titular de la ACAG, al Director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y al Comisario (Químico) Alberto Raúl Candia, del Departamento Unidad Federal de Investigaciones en Materia Ambiental de la Policía Federal Argentina, quien ha sido el encargado de llevar a cabo las pericias encomendadas por Viri.

A fines de febrero pasado, el juez Viri dialogó con R2820 RADIO sobre el estado de la causa que llegó a sus manos durante fines de marzo del 2021: «Tengo intención de mantener una reunión con el canciller, ya que la realidad es que la CARU no responde, Uruguay tampoco. Lo que tiene aletargada la causa es lo que necesito que me respondan desde Uruguay y desde la CARU, sigo reclamando a través de la cancilleria que me den respuesta», comentaba Viri mientras por esos días (concretamente el 25 de febrero del 2022) el intendente Piaggio se reunía con funcionarios de la CARU «para analizar la situación del río Uruguay».

A menos de 10 cuadras, el Juzgado Federal aguardaba información específica del organismo binacional para avanzar en la investigación que lleva más de 15 años esperando una resolución.

La información que circuló en torno a aquella reunión -luego que se cancelara la conferencia de prensa prevista para los medios locales- fue una gacetilla que reafirmó «el compromiso ambiental de la gestión», divulgó algunas de las preguntas que se le hicieron a la CARU sin mencionar la causa judicial y un subsidio para que la ACAG reconstruyera el refugio de Arroyo Verde luego del último incendio: Refugio que no estaría a la vera de la ruta internacional 136 si el Estado hubiese reafirmado su verdadero compromiso ambiental muchos años atrás. 


Las medidas de Viri


«El pedido tiene que ver con el resultado de declaraciones que ordené que se tomen en Uruguay, informes técnicos en cuanto a BOTNIA, ver si se está cumpliendo con el fallo de la Corte de la Haya, mediciones, etc», enumeraba Viri.

En otro tramo de la entrevista, el juez federal de Gualeguaychú reconocía que «la causa tiene alrededor de 15 años, como miembro del poder judicial considero una vergüenza que una causa lleve tanto tiempo abierta sin una definición, no se puede continuar con esta incertidumbre».

«Hasta ahora las pericias de tierra y agua del lado argentino no arrojaron una contaminación directa por parte de Botnia», señaló Viri a la vez que explicó que las fuerzas de seguridad encargadas de realizar las pericias fueron «Prefectura y Policía Federal, divisiones con mayor especialidad y tecnología para este tema. Pero no se puede avanzar más allá del punto que establece el límite de mi jurisdicción en el río». En aquella oportunidad aún faltaban los resultados de las pericias correspondientes al aire.