Carta de científicas y científicos argentinos

Reclaman al Congreso Nacional que apruebe la Ley de Humedales.

El proyecto de Ley de Humedales, consensuado en 2020, está frenado en la Cámara de Diputados. Indica la Agencia Tierra Viva que gobernadores del norte del país firmaron una carta oponiéndose a la sanción de la norma con argumentos sesgados y que priorizan el extractivismo. La respuesta desde el ámbito científico y un llamado a dejar atrás el lobby empresario.

Mientras el tratamiento de la Ley de Humedales sigue demorado por los diputados nacionales, científicos de todo el país exigen su urgente tratamiento. En la Cámara Baja está cajoneado desde hace dos años el proyecto consensuado por legisladores, sectores académicos y organizaciones socioambientales. El 22 de septiembre hubo plenario de comisiones y se pasó a un cuarto intermedio, previsto para el 29 (reunión que nunca se concretó). Académicas y académicos de universidades nacionales presentaron una carta en la que exponen las argumentos sesgados y mentiras que intentan frenar la ley.

Los gobernadores de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones expresaron su rechazo a la Ley de Humedales por entender que significará un freno a la actividad minera. Los mandatarios afirmaron, en una carta pública emitida desde Estados Unidos, que no es posible tratar el proyecto de manera “exprés”, que la regulación avanza sobre las autonomías provinciales y la propiedad privada, que la norma frenará la llegada de inversiones y perjudicará a los pobladores de esos ecosistemas. Todos esos argumentos son refutados en una carta que lleva la firma de 2000 académicos de todo el país.

Los gobernadores están a favor del proyecto elaborado por el Consejo Federal del Medioambiente (Cofema) y del ministro de Ambiente, Juan Cabandié. Esta iniciativa establece condiciones más laxas de protección a los humedales. En cambio, el que apoyan e impulsan las asambleas socioambientales se consensuó en 2020 entre diferentes espacios políticos, perdió estado parlamentario y volvió a ser presentado en marzo de este año en Diputados. Cuenta con la firma de 41 legisladores y espera tratamiento en las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura, Presupuesto y Hacienda.

El presidente de la Comisión de Agricultura es el formoseño Ricardo Buryaile, ministro de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri y ex presidente de la Sociedad Rural de Pilcomayo. En el plenario de las tres comisiones, el 22 de septiembre, pidió un cuarto intermedio argumentando que desconocía el texto de la iniciativa y que su tratamiento era apresurado. La instancia se postergó al día 29. Mientras tanto, Buryaile organizó una audiencia pública donde participaron, entre otros, el Consejo Agroindustrial Argentino, la Asociación Forestal Argentina y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros.

Los científicos que firman la carta, entre los que se encuentran Dora Barrancos, Mario Pecheny, Alberto Kornblihtt, Patricia Pintos, Maristella Svampa, Rita Segato y Beatriz Sarlo, argumentan que los humedales son de importancia vital para el desarrollo de la vida humana debido a su inestimable aporte en materia de bienes y servicios ecosistémicos, así como por su valor de legado para las generaciones futuras; y llaman a superar las presiones del lobby empresarial para avanzar en la normativa.

La respuesta a los gobernadores

Sobre el argumento de que no es posible aprobar el dictamen en un trámite exprés, los científicos advierten que “se trata de una clara maniobra dilatoria”. Y recuerdan que el proyecto es el resultado de un proceso iniciado con la primera media sanción de 2013 (en el Senado), nutrido en 2020 por los aportes de una infinidad de reuniones informativas y por el trabajo en conjunto de especialistas científicos, técnicos, ambientalistas de las provincias, asesores y legisladores. “En la actualidad el proyecto cuenta con el apoyo de más de 500 organizaciones socioambientales de todo el país”, recuerda la carta de los académicos.

Respecto al avance sobre las autonomías provinciales, el escrito recuerda que la iniciativa se enmarca en lo establecido por el Artículo 41 de la Constitución Nacional, en el cual las provincias delegan en la Nación la facultad de sancionar leyes de presupuestos mínimos ambientales. Por otro lado, los derechos de propiedad no se ven vulnerados por la sanción y aplicación de estas leyes, sólo se establecen los marcos regulatorios a los efectos de asegurar la sustentabilidad de los ecosistemas alcanzados.

Los gobernadores también aseguran que la aprobación de la Ley de Humedales afectará la llegada de inversiones y el desarrollo productivo. Pero desde el ámbito académico recuerdan que la misma no establece prohibiciones a priori a ningún tipo de actividad: “Sólo se establece que las autoridades competentes deberán solicitar una evaluación de impacto ambiental de forma previa a autorizar la realización de nuevas actividades o la ampliación de las actividades existentes”. Al mismo tiempo, aseguran que “la sustentabilidad de los servicios ecosistémicos provistos por los humedales en tiempos de crisis climática (como la actual) colabora en garantizar derechos humanos fundamentales para una vida digna de las poblaciones, como el acceso al agua, al aire limpio y a la producción de alimentos”.

Acerca del desplazamiento de los pobladores, la carta de las y los científicos asevera que “las comunidades que históricamente han construido un vínculo con estos ecosistemas, lo han hecho en un marco de armonía” y que “son las prácticas extractivistas desarrolladas en los últimos años las que afectan y expulsan”.

Superar las presiones del lobby para avanzar hacia la Ley de Humedales

Para las y los investigadores del sistema científico nacional se está en “un momento clave para avanzar en la sanción de una ley de presupuestos mínimos de humedales para su conservación, oportunidad que viene siendo largamente postergada, desde la primera media sanción obtenida en 2013 en el Senado”.

Señalan también que fueron testigos de cómo “ciertos sectores de la política han apelado a un conjunto de argumentaciones falaces inscriptas en intereses sectoriales, claramente contrarios de establecer cualquier tipo de regulación”. Por eso, con base al texto del proyecto de ley (expediente 0075-D-2022) instan a “superar las presiones de lobbies poco interesados en la conservación de los humedales y hacer prevalecer el buen criterio de preservarlos”.

Valoran un proyecto de ley que considera a estos ecosistemas como “bienes comunes de la sociedad” y no “sujetos a coyunturas productivistas que sólo privilegian su aprovechamiento económico inmediato y en beneficio de unas minorías”.

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