Bordet «se pega» a Alberto para recuperar recursos

Entre Ríos adhiere a la revocatoria «in extremis» planteada por el gobierno nacional.

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, indicó en una gacetilla oficial que «las provincias en general apoyan este planteo del Estado nacional atento a que vamos a sufrir consecuencias patrimoniales por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia».

El fiscal explicó que respecto al proceso judicial gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Estado Nacional por la modificación de la coparticipación, la provincia de Entre Ríos el 24 de abril de 2022 se presentó intentando incorporarse como amicus curiae, «que es una figura que no significa ser parte en un proceso, porque nosotros aún no somos parte, sino que es una especie de colaborador en el sentido de que participa de la formación de la decisión del tribunal, exponiendo su punto de vista dado que tiene un conocimiento directo y técnico de la cuestión».

Aclaró que la Corte «no proveyó ese escrito». Asimismo, con posterioridad se dictó la medida cautelar por la cual la «Corte Suprema establece que cautelarmente hay que darle a la provincia de Buenos Aires el 2,9 por ciento de la coparticipación. Es decir que hizo lugar parcialmente a la petición del gobierno de la Ciudad Autónoma».

Agregó, que «contra esa resolución la procuración del Tesoro de la Nación interpuso un recurso de revocatoria in extremis, a la par que recusó a los integrantes del máximo tribunal».

El fiscal apuntó que «las provincias en general estamos presentándonos apoyando ese planteo del estado nacional atento a que de una manera indirecta vamos a sufrir consecuencias patrimoniales respecto a la sentencia de la Corte».

Explicó que «si bien la decisión cautelar no afecta la coparticipaciòn secundaria, sí afecta la coparticipación primaria y al disminuir los recursos destinado al estado nacional que a su vez se los destina a las provincias para desviarlos hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indudablemente causa o va a causar un perjuicio concreto que todavía no sabemos la medida ni a qué provincia ni a cuantas, puede ser una o más le va a producir consecuencias en las prestaciones de sus servicios, obras o lo que fuere».