La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización habilitó la matanza de aves en esta temporada de invierno.
Aves autóctonas como el pato sirirí pampa, el pato capuchino o el pato maicero y otros animales como la liebre y la perdiz chica son algunos de los ejemplares que pueden ser cazados.
Según el gobierno, la caza es una «tradición cultural» y una «atracción turística» que genera ganancias para la provincia.
Indica El Diario que «pese a numerosos intentos por parte de las organizaciones que trabajan por la conservación de la fauna y flora» de Entre Ríos, el gobierno provincial encabezado por Rogelio Frigerio autorizó la matanza de aves autóctonas. Mediante la resolución N.° 0997 de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, se habilitó desde el 10 de mayo al 23 de agosto, la temporada de caza menor que permite la matanza de 9 especies de aves autóctonas.
“La resolución habilitó la matanza de 5 ejemplares de pato picazo, 3 de pato barcino, 2 de sirirí pampa, 2 de sirirí colorado, 2 de pato cutirí, 2 de pato maicero, 2 de pato de collar, 2 de pato capuchino, 8 de inambú común y 4 de liebre; habiendo aumentado considerablemente la cantidad de especies con respecto a años anteriores, así como la superficie donde se puede practicar la caza”, dice el comunicado de la organización Ceydas (Centro para el estudio y defensa de las aves silvestres).
Además “se autoriza la caza a cazadores locales en los departamentos de La Paz, Gualeguaychú, Diamante, parte de Gualeguay, Victoria, Nogoyá y Villaguay y en cotos de caza a extranjeros y personas de otras provincias”.
Estados poblacionales de los patos
Gabriel Bonomi, representante de Ceydas, dijo que “el nuevo gobierno de Rogelio Frigerio realizó una presentación de unos estudios poblacionales de los patos que fueron solicitados y pagados por una entidad que nuclea los cotos de caza».
Si bien según dijeron los biólogos que las poblaciones de la mayoría de estos patos están en disminución, no lo atribuyen a la caza, sino que dicen desconocer cuáles son las verdaderas causas y se conjetura que podría estar vinculado al cambio climático”.
De acuerdo a Ceydas, quienes realizaron este estudio parcial del estado de las poblaciones de patos en Entre Ríos, son los mayores impulsores del turismo de caza de Argentina –Cámara argentina de turismo cinegético y conservacionismo (Catcyc)–. “Estos estudios no tienen participación de ninguna entidad ambientalista, animalista ni siquiera del sector del turismo”, aclara.
60 instituciones habían solicitado audiencia y suspensión de la caza
Más de 60 instituciones ambientalistas, animalistas de todo el país y algunas internacionales –Coendu de Uruguay– solicitaron mediante una carta al gobierno provincial, una audiencia “a fin de exponerle nuestros argumentos para que la caza no se habilite en la provincia.
Además, se le solicita al ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, que se suspenda la caza durante cinco años hasta no tener estudios confiables, hechos por entidades o por expertos que sean imparciales, y no como estos presentados por la Catcyc”, expresó Bonomi.
Los dos últimos años en los que se habilitó la caza, varias instituciones ambientales presentaron recursos de amparo en contra de las resoluciones, y ambas resoluciones fueron anuladas y declaradas inconstitucionales y violatorias de tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
La gente repudia la caza
“Estamos ingratamente sorprendidos de que haya funcionarios de este gobierno que habiliten la caza porque entendemos que va no solo en contra de lo que dictaminó la justicia, sino que, además, no tiene ningún tipo de consenso popular. La gente repudia la caza y la considera una actividad cruel y violenta que está diezmando el patrimonio natural que son nuestras aves autóctonas. Básicamente las está aniquilando porque se cazan cientos de miles y millones en los cotos de caza en la temporada de tres meses”, afirmó Bonomi.
Bonomi destacó además que hay un evidente apoyo de parte del gobierno provincial a los cotos de caza “que son estos negocios que hacen un lobby muy fuerte sobre los gobiernos provinciales para que la caza se habilite”. El integrante de la organización adelantó que se volverá a presentar un recurso de amparo junto a todas las instituciones.
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