Miembros de la Mesa de Juicio y Castigo a represores de la última dictadura se reunieron ayer con el ministro de Gobierno, Adán Bahl, y con la secretaria de Justicia, Lucila Haidar, para avanzar en la reglamentación de la ley de protección de testigos, víctimas y querellantes en causas contra el terrorismo de Estado. En breve comienza el primer juicio oral y público en Entre Ríos.
En ese contexto, una integrante de la Mesa, María Luz Piérola, manifestó: “Estamos muy contentos con esta primera reunión”. Además subrayó que “hay voluntad política por parte del Ejecutivo para trabajar en forma conjunta”.
Piérola explicó: “La idea es tratar de ver los requerimientos ante el nuevo juicio, en lo que atañe a la temática de seguridad, es decir, la reglamentación de la ley de protección a testigos y querellantes, y el acompañamiento de los mismos”.
Y agregó: “Estas cosas son fundamentales a la hora de empezar un juicio con semejante envergadura, donde se juntan varios hechos”.
Tras remarcar que el juicio contra Harguindeguy “sería el primer juicio oral y público en Entre Ríos”, la integrante de la Comisión Provincial por la Memoria señaló que “hay un imputado prófugo en Concepción del Uruguay, que es José Darío Mazzaferri”.
Asimismo, recordó en diálogo con la agencia APF que “hubo atentados a dos compañeros: a Marita Caccioppoli, que es la abogada querellante, y a uno de los testigos y querellantes, que es Carlos Martínez Paeda”
En ese marco, resaltó: “Tenemos que brindar toda la protección necesaria y hacer que estos juicios se lleven a cabo de una vez por todas, como corresponde”.
En tanto, subrayó que “hay voluntad política por parte del Ejecutivo para trabajar en forma conjunta, así que estamos muy contentos con esta primera reunión, porque sé que vamos a trabajar bien”.
Por su parte, otro integrante de la Mesa, Eduardo Ayala, sostuvo que Bahl y Haidar les aseguraron “que el Estado, por pedido de la justicia, va a cumplimentar con todo lo que haga a la cuestión de seguridad, con fuerzas propias, que es la Policía de la provincia. Además, coordinará con la Nación cuando haga falta”.
“Lo importante de esto es nosotros vinimos a solicitar nada más que el cumplimiento de una ley que sacó la provincia en este momento histórico, que es la ley de protección de testigos. Vinimos a preguntar cuáles serán las acciones del Gobierno para poner en práctica lo que la ley manda”, expresó luego.
Por último, afirmó que “se acordó encarar la temática de acá en adelante todo el tiempo que haga falta y con la continuidad que haga falta”. Y acotó: “Nosotros estamos dispuestos a hacer la contención humana de los compañeros, estar todo el tiempo con ellos. La seguridad la tiene que garantizar el Estado”.
Fuente: APF
(La Nota digital)
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