En el norte y centro de Chile el agua se transformó en un bien cada vez más escaso. Ríos reducidos, napas subterráneas casi agotadas, comunidades abastecidas con camiones cisterna y pueblos enteros que viven bajo estrés hídrico forman parte de una realidad que durante años permaneció invisibilizada detrás del brillo exportador de la minería y del discurso del progreso.
Esa tensión aparece retratada en el documental Espíritus del agua, segunda parte de la trilogía Secas – Defensoras de las aguas, dirigida por el cineasta Galut Alarcón. La producción expone cómo la gran minería intervino durante décadas caudales históricos en el desierto de Atacama para sostener sus faenas extractivas, afectando ecosistemas y modos de vida ancestrales.
El film pone el foco en las mujeres y familias que resisten el avance extractivista en distintas regiones chilenas. Allí aparecen comunidades indígenas y campesinas que denuncian contaminación de ríos y arroyos, agotamiento de acuíferos y un modelo económico que privilegia la explotación intensiva del cobre y del litio por encima del derecho humano al agua.
La problemática no es nueva, pero se profundizó con el crecimiento de la demanda global de minerales estratégicos para la transición energética. El auge del litio y de la electromovilidad aceleró proyectos industriales en territorios extremadamente frágiles desde el punto de vista hídrico. Según distintos informes y testimonios recogidos en la trilogía documental, muchas localidades quedaron dependiendo de camiones aljibe o de agua embotellada mientras las grandes compañías continúan utilizando enormes volúmenes de agua para la minería.
En paralelo, nuevos megaproyectos generan alarma entre organizaciones ambientales. Uno de ellos es el proyecto Aguas Marítimas de CRAMSA, cuestionado por colectivos ciudadanos debido al impacto ambiental que podría provocar sobre ecosistemas costeros y territorios rurales. Diversos sectores advierten que las plantas desalinizadoras y la infraestructura asociada podrían consolidar un modelo extractivista aún más agresivo en regiones ya golpeadas por la escasez hídrica.
La resistencia social creció en los últimos años. Asambleas vecinales, comunidades originarias y activistas ambientales comenzaron a denunciar lo que consideran “zonas de sacrificio”, donde la contaminación y el deterioro ambiental avanzan de la mano de grandes inversiones mineras. En ciudades como Calama, médicos y especialistas también alertaron sobre posibles consecuencias sanitarias derivadas de la actividad extractiva y de la contaminación persistente en el ambiente.
En redes virtuales y foros comunitarios, muchas y muchos ciudadanos chilenos señalan que el problema no responde únicamente a la sequía climática, sino también al modelo de apropiación privada del agua y a décadas de desregulación extractiva. “Es un problema no de aguas sino de extractivismo”, resumía un usuario en un debate sobre la crisis hídrica chilena.
En los pueblos del norte chileno, la defensa del agua sigue siendo una lucha cotidiana. Familias enteras continúan organizándose para impedir que les contaminen ríos, vegas y arroyos. En medio del desierto más árido del planeta, el agua dejó de ser solamente un recurso natural: se convirtió en una bandera de resistencia social y territorial.
F. Castro
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