Diputados derogó la ley de explotación de tierras fiscales

La Cámara de Diputados de Entre Ríos derogó este miércoles la ley 10.092 de explotación de tierras fiscales luego de ser criticada por organizaciones ciudadanas y ambientalistas. Desde el gobierno plantean que también hubo “oportunistas”. Cabe destacar que al derogar esta ley, se reestablecen las normas derogadas por la ley 10.092, la 9.603 puntualmente, que prohíbe el uso de agroquímicos en los sembrados isleños.

La oposición centró sus cuestionamientos en el apuro con que se trató la norma y en la necesidad de terminar con sanciones apresuradas como en que el costo político de la derogación debe asumirlo el gobierno y no la Legislatura, mientras que el oficialismo insistió en ponderar el alcance de la ley.

En el recinto, diferentes organizaciones ocuparon las bandejas, de las que pendían banderas con las inscripciones que identificaron su lucha: “El Delta no se toca”, decían. Los ambientalistas se hicieron oír en el recinto y para hacerlo aseguraron, en una canción que “el Paraná no se toca/ el Paraná no se debe morir por una ley/ a cuyo término hilvanaron el Himno.

Diputados reservó, con tratamiento preferencial para la próxima sesión, la modificación a la ley del Instituto Becario y votó en bloques varias iniciativas, la mayoría de ellas, de resolución.

Ley de tierras fiscales

El punto neurálgico de la sesión fue la derogación de la ley 10.092 que, como en el Senado, se aprobó sobre tablas. El presidente del bloque justicialista, Juan Reynaldo Navarro, defendió la postura del Ejecutivo. “Quiero – dijo – hacer hincapié en que con este proyecto estamos profundizando la política sobre el recupero de las islas fiscales. No podemos dejar que sean apropiadas por mafias organizadas que han logrado su propiedad. Tenemos como objetivo que cumplan dos funciones, las ambientales y las productivas. Estamos convencidos del espíritu de la ley”, afirmó Navarro y adelantó que convocan a las organizaciones que criticaron la norma para encontrar una solución superadora que permita el uso del territorio fiscal.

“Quiero dejar constancia que al derogar la ley, reestablecemos las normas derogadas por la ley 10.092″, aclaró Navarro, en alusión a la 9603 que prohíbe el uso de agroquímicos en los sembrados isleños.

“Hubiera sido más correcto y con más seguridad jurídica que se hubiera incorporado el reestablecimiento de la ley 6903″, apuntó la diputada del FAP, Ema Bargagna, al adelantar su voto positivo. “Celebramos – dijo – que se haya dado marcha atrás en este proyecto que es contrario al discurso del gobernador en lo que hace a la inclusión social. Hay un llamado para reflexionar sobre este cambio de dirección que ahora se ha enderezado desde el punto de vista de los entrerrianos y la Constitución. Ha sido muy importante la participación de la ciudadanía”, ponderó Barbagna y refrescó la intervención del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, en el recupero de las Islas Lechiguanas, que hubieran sido territorio explotable por la ley 10.092.

El socialista Viale, celebró la derogación y sentenció: “Lo que empieza mal, termina mal” para reprochar luego la celeridad con la que se trató el texto “que necesitaba el gobierno para tener gobernabilidad en su nuevo período” y recordó que se abstuvo “porque ni siquiera habíamos teenido la posibilidad de hacer una lectura rápida para adentrarnos en el espíritu del proyecto”. Y juzgó: “Creo que a muchos diputados de la oposición y del oficialismo – arriesgó – les pasó lo mismo”.

“El gobernador pensó este proyecto, el fiscal lo escribió y se aprobó a libro cerrado”, aseguró Viale para quien Urribarri no necesitaba “con el amplio triunfo” de octubre una maniobra de este tipo.

“Las víctimas terminando siendo los victimarios”, se quejó Viale al advertir que no comparte los fundamentos de la derogación de de la ley y le exigió al gobierno que asuma el costo político de la decisión. “Esto lesiona la calidad institucional de la provincia, no corresponde un trato de esta envergadura a los legisladores y la obediencia a un partido no tiene que ver con esto de votar esto que a todas luces no tiene ni pie ni cabeza y mucho menos con el ideario justicialista”, lanzó Viale y arrancó aplausos de las barras ammbientalistas.
Viale, calificó como “absurda” la fundamentación del senador Enrique Cresto al defender la derogación y aprovechó la ocasión para criticar la concesión del puerto de Ibicuy, concesionado tiempo atrás.

Federik
El jefe de la bancada radical, Agustín Federik, se apoyó en un sentimiento de “tristeza” ante la derogación de la ley y reclamó “los fundamentos” del gobierno para dejarla sin efecto ya que consideró poco “sólidos” los que se presentaron.

“No sólo que adherimos a la derogación sino que el bloque la ha planteado”, aclaró y advirtió que les preocupa la situación jurídica de la ley 9603, que impide el uso de agroquímicos en las islas, ya que no se precisa cuál es la situación de la norma tras la derogación de la 10.092.

“Para votar a favor o en contra tenemos que tener el conocimiento adecuado y no lo teníamos. Nosotros nos abstuvimos y al pasar de los días fue aumentando nuestro asombro. Era una ley destructiva en lo ambiental, porque deroga la 9603, pero también es destructivo el nombre pomposo del arroz entrerriano en las islas”, fustigó. Luego, afirmó que el arroz en islas es tanto o más cuestionable que la soja, por los insumos que demanda.

Federik criticó que Diputados asuma el costo político de la derogación y preguntó por qué el Ejecutivo no la vetó. “Este error debió repararlo quien lo ocasionó. A ninguno le gusta derogar una ley que aprobó hace cuarenta días. Tienen que ser sensatas las decisiones del gobierno porque sino estaríamos cayendo en un totalitarismo”, dijo Federik y celebró la caída de la ley.

Fuente: Recintonet

(La Nota digital)