Bonelli: “En un Estado de derecho, el policía que comete un apremio ilegal debe ser condenado y expulsado de la fuerza”

El Delegado Regional de la Subsecretaría de Derechos Humanos, prof. Rubén Bonelli, participó en el segundo día del debate del Juicio Oral y Público contra los funcionarios policiales Sebastián Zárate y Mariano Jesús Moreno, imputados por los presuntos delitos de violación de domicilio y apremios ilegales.

Los hechos ocurrieron en la noche del 19 de junio de 2011 en Calabacilla, y del que fueron víctimas Víctor y José Luis Benítez.

Durante la jornada de este viernes declararon seis testigos, entre ellos el Jefe Departamental de Policía, comisario Sergio Mendoza, quien ponderó el desempeño del suboficial Sebastián Zárate como jefe de destacamento en esa localidad, al señalar que había logrado reducir sustancialmente los robos de ganado. Durante el interrogatorio, Mendoza fue interpelado por el Fiscal Aníbal Laffourcade, quien le cuestionó la actitud de haber emitido una nota con su parecer personal respecto del imputado, a una persona externa a la fuerza, como lo es el abogado defensor y recordó que “la conducta del funcionario se evalúa anualmente y eso queda asentado en su legajo”. También el Fiscal le cuestionó al Jefe de Policía, la ausencia de sumarios administrativos en torno al caso.

En relación a las denuncias por apremios ilegales cometidos por funcionarios policiales durante los últimos meses en Concordia, el Delegado Regional de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Rubén Bonelli, respondió en forma contundente que, “en un Estado de derecho, el policía que comete un apremio ilegal, previo a un juicio, debe ser condenado y expulsado de la fuerza”. Dijo además que “lo que aportó el Jefe Departamental de Policía, comisario Sergio Mendoza, no tiene peso como elemento de prueba” y que “de nada sirve el espíritu de cuerpo, cuando existen fundamentos contundentes”.

Visiblemente preocupado por el aumento de casos de apremios ilegales en la ciudad de Concordia, Bonelli enfatizó que “tenemos directivas muy claras y precisas del gobernador Sergio Urribarri”, para actuar en casos con “funcionarios que no cumplen con la Ley” y el respeto a las garantías constitucionales, recalcó.

(La Nota digital)