Un bebé afectado por los gases lacrimógenos tendrá secuelas de por vida

Organismos de derechos humanos repudiaron la represión de la Policía de Entre Ríos en el intento de desalojo en Churruarín y López Jordán. Reclaman una medida de no innovar para garantizar los derechos de los niños que viven en el predio.

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Durante la conferencia de prensa que realizaron este miércoles por la mañana en la sede de Agmer Central, con motivo del Día de los Derechos Humanos, organismos de la provincia repudiaron el accionar de la Policía y de la Justicia en el violento intento de desalojo del inmueble ubicado en Churruarín y López Jordán, en Paraná. Además, denunciaron que los gases lacrimógenos utilizados por la Guardia de Infantería Adiestrada (GIA) provocaron secuelas “de por vida” en un bebé de ocho meses vive en el lugar.

Manuel Ramat, dirigente de ATE y la CTA, manifestó el repudio de parte de los organismos hacia la represión ejecutada por la Policía el martes en el intento de desalojo de familias que viven hace 30 años en ese predio. “Exigimos que se investigue y que quienes han sido responsables de este hecho, realmente, asuman esa responsabilidad: desde el empresario, el juez (Juan Carlos) Coglionesse y las autoridades de la Policía que ejecutaron semejante barbaridad”.

Ramat expresó “solidaridad con los compañeros del Movimiento Evita, con todos aquellos que resistieron el intento de desalojo” y remarcó la necesidad de que “se llegue a una solución que contemple las necesidades de los compañeros”.

Por su parte, el abogado Marcelo Boeykens explicó los pasos que, junto a sus colegas Sofía Uranga y Lucía Tejera, se vienen dando ante la Justicia. “Estamos desarrollando una medida tendiente a resguardar los intereses superiores de los niños que habitan el inmueble”, dijo al referirse a una acción de prohibición de innovar que impulsan para suspender la medida de desalojo hasta que se garanticen los derechos de los chicos. Aclaró que en estos momentos trabajan en la apelación a la resolución del juez que denegó ese pedido.

El abogado –integrante de la Liga por los Derechos del Hombre– dijo que con su orden de desalojo el juez Coglionesse “dejó de lado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; la Ley sobre protección integral de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y la Constitución nacional en cuanto garantiza el derecho a la vivienda digna para los niños”.

“El juez no es un personaje aislado; es parte del Estado que debe garantizar esos derechos. No se puede dejar a la madrugada a niños durmiendo en la calle. Simplemente dio una vista formal a los estados provincial, municipal y al Copnaf, quienes no dieron las respuestas que realmente se necesitan para este tipo de situaciones”, resaltó.

Detalló luego que allí hay seis o siete menores de edad: bebés, niños y adolescentes. “A uno de ellos le ha quedado una secuela que va a tener de por vida por aspirar gases lacrimógenos. Anoche estuvo internado en el hospital San Roque, va a tener que utilizar PAF para toda su vida. Esto es una muestra cabal de lo que veníamos diciendo, que había que resguardar los intereses de los niños, que no se podía poner por encima de sus derechos el derecho absoluto a la propiedad privada, como si realmente existiera tal derecho absoluto”.

Por otro lado, añadió, está la discusión sobre quién es el propietario del inmueble: si pertenece a quienes lo habitan hace 30 años, es decir, aquellos que reclaman la usucapión, o a los empresarios que dicen ser los dueños. “Estamos convencidos que asiste razón a la familia Petrechelli, la que va a quedarse con la propiedad”, finalizó.

Más irregularidades

Sofía Uranga –abogada de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia– añadió que hubo cuatro heridos por balas de goma y otros por otras situaciones de violencia. Precisó que “no se trató de una situación que ameritara el uso de la fuerza y mucho menos el uso de gases lacrimógenos que resultaron tóxicos para niños. Cada uno de los heridos recibió más de una bala de goma, uno en particular en un ojo, cuando están habilitados para disparar en las piernas”.

Las denuncias por la represión “se radicaron ayer en atención primaria del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, en una atención que no es para nada destacable por parte de los agentes de ese Ministerio. Estos legajos hay que seguirlos de cerca, porque sabemos que estos casos –como el atentado contra Florencia Amore (abogada querellante en causas de lesa humanidad)– no están en la agenda de las investigaciones primordiales de los fiscales y mucho menos cuando corporativamente el Poder Judicial emite un comunicado como el que emitió hoy validando el procedimiento que realizaron ayer”.

“También intervenimos –continuó Uranga– en la detención que consideramos injusta de Emiliano Gómez Tutau, por ‘lesiones, atentado y resistencia a la autoridad’. Fue liberado y tiene que prestar declaración. Entendemos que el procedimiento no se realizó como corresponde, por varios detalles que se dieron en la Comisaría 12. En la Alcaidía ya mejoró el tratamiento. Los defensores oficiales solicitaron la excarcelación y eso fue otorgado en horas de la tarde”.

“Mandar un grupo como el GIA realmente es desmedido para ser un desalojo, es decir que hubo una predisposición a utilizar la fuerza”, concluyó Uranga.

Fuente: Diario Uno

(La Nota digital)