Sergio Urribarri

INJUSTA, INFUNDADA PERO MUY FUNCIONAL

Queridos compañeros y amigos: esta semana he sido imputado por los fiscales en razón de unos avisos de televisión emitidos en ocasión de la Cumbre de Presidente del Mercosur en 2014.

Al respecto quiero decirles lo siguiente:

Escuchamos todos, todos los días por la radio, la televisión y las redes sociales avisos institucionales de todos los gobiernos nacional, provinciales y municipales, invitando a visitar lugares, contando lo que han hecho, cómo han supuestamente cambiado ciertas realidades. Sin embargo por ese mismo tipo de avisos, ligados y en ocasión del evento político institucional más importante de la historia de esta provincia como lo fue la Cumbre del Mercosur, con la presencia de seis presidentes en la ciudad de Paraná, yo he sido imputado penalmente.

Todos los aspectos legales de la emisión de esos avisos están debidamente fundamentados y respaldados: Ley de la Legislatura provincial, aprobación previa de la Contaduría General de la provincia para los gastos e intervención de los demás organismos de contralor.

Los avisos existieron, su emisión fue debidamente certificada por los canales a precios razonables del mercado nacional. Pero lo que se objeta es “el contenido”. Argumentan que los avisos relatados por mí –tal como los que hoy protagonizan el presidente, la gobernadora de Buenos Aires y el jefe de gobierno de CABA (que, según expresara públicamente el ex embajador argentino en Washington Martín Lousteau, destina 4 millones de pesos por día a una comunicación oficial de la que participa), supuestamente formaban parte de mi campaña presidencial. Es decir “interpretan” y “opinan” sobre un contenido comunicacional y sobre esa interpretación u opinión impulsan una investigación penal que –más allá del disparate jurídico que constituye- claramente tiene el objetivo estigmatizarme, perseguirme y escarmentarme.

Sólo hay que ver los avisos. Aquí los tienen (y pido a los medios que reproduzcan los links). Son institucionales. En ellos se habla de seguridad, de tecnología, de la cumbre y de un agradecimiento y una conclusión sobre el evento.

Aclaro que yo no solicité realizar este evento en la provincia, sino que entendí entonces, y así opinaron muchos entrerrianos en su momento, que la decisión de hacerlo en Entre Ríos era un reconocimiento del Estado Nacional a la transformación de una provincia que podía mostrarse, al país y la región, como un ejemplo de superación.

Violenta entonces cualquier garantía que un ciudadano –al estilo de las listas negras de la dictadura- pueda ser acusado por el poder público por una “interpretación” de contenidos comunicacionales, porque no gusten, porque sean “inadecuados”. Deberían acusar de oficio entonces al Gobierno nacional por haber usado el color amarillo, a otros por el color naranja, por los relatos en el fútbol, por las ciudades como Paraná que supuestamente están “De pie” por acción de un intendente y por toda la comunicación oficial de los últimos 30 años en Entre Ríos y en la Argentina.

Sí, claro, por supuesto que es un ridículo.

Mi intento presidencial, “El sueño entrerriano” fue efectivamente una iniciativa política que reflejaba el por entonces ascenso de Entre Ríos en la escena política nacional y que de concretarse redundaría en un innegable beneficio a los entrerrianos. Sin embargo, aunque no fue exitoso, permitió generar posicionamientos dentro del oficialismo que garantizarían una importantísima inserción en un eventual futuro gabinete. Y habida cuenta de los resultados electorales, se estuvo a apenas un punto y fracción de alcanzar tal objetivo.

Pero he tenido la mala suerte de que ese intento político legítimo, de los que ha habido decenas en todas las provincias de la Argentina a lo largo de las últimas décadas, haya sido demonizado por cierta prensa y por algunos políticos arribistas. Lo que no esperaba era que también fuera demonizado por algún integrante del Ministerio Público Fiscal a través de imputaciones inconsistentes a sabiendas del efecto denigrante que estas tienen cuando son manipuladas en los titulares de la prensa.

Repito, no hay problemas legales ni administrativos con los avisos. Lo que se cuestiona, lo que molesta es “el contenido” tal como subjetivamente lo interpreta el MPF. Entonces, como “el contenido” no cuadraría argumentan que Urribarri cometió peculado con el dinero, es decir se lo llevó a la casa. Tienen un prejuicio con el contenido y en función de él encaminan una acusación. Un delirio.

Esta imputación, por este motivo de los avisos de la Cumbre del Mercosur no tiene fundamento jurídico ni razonabilidad. Reitero, quieren denigrarme, escarmentarme; y conmigo a todos mis colaboradores.

Finalmente, advierto que todos estamos en peligro, si los ciudadanos podemos ser acusados por “la interpretación” de los contenidos que producimos.

Gracias a todos los amigos por el afecto demostrado en esta circunstancia. Un gran abrazo.

(La Nota digital)

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