La decisión del senador Nacional por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias previsto en la denominada Ley de Inocencia Fiscal volvió a encender el debate sobre la transparencia patrimonial de los funcionarios públicos y los límites éticos de una herramienta impulsada por el propio oficialismo.
La información surgió a partir de registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero — ARCA — según los cuales el legislador liberal solicitó incorporarse al sistema el 24 de marzo de este año para el período fiscal 2025. El dato adquiere una relevancia política especial porque Benegas Lynch votó favorablemente la ley que creó el mecanismo pocos días después de asumir su banca en el Senado.
El régimen forma parte de la Ley 27.799, conocida por el Gobierno como “Ley de Inocencia Fiscal”. Entre sus principales características se encuentra la posibilidad de presentar declaraciones simplificadas y reducir significativamente la información patrimonial requerida por el organismo recaudador. Además, establece mecanismos que dificultan la revisión retroactiva de períodos anteriores, siempre que el contribuyente cumpla con las obligaciones fiscales futuras.
Aunque la adhesión al sistema es completamente legal, la polémica se centra en el contexto en que se produce. Diversos medios señalaron que el senador quedó expuesto meses atrás por inconsistencias patrimoniales vinculadas a una operación inmobiliaria de alto valor en la ciudad de La Paz que no habría figurado inicialmente en documentación pública relacionada con su patrimonio. Esa situación alimentó cuestionamientos opositores y pedidos de mayores explicaciones sobre el origen y la declaración de determinados bienes.
Los críticos sostienen que el régimen permite «regularizar activos e ingresos previamente no declarados» con menores exigencias informativas, algo que resulta especialmente sensible cuando se trata de funcionarios públicos que tienen la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía. Desde esa perspectiva, la incorporación de Benegas Lynch al sistema aparece como una contradicción respecto del discurso de transparencia y combate a los privilegios que suele exhibir el espacio gobernante.
La controversia no se limita al senador entrerriano. En los últimos días también trascendió que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni solicitó acogerse al mismo régimen mientras enfrenta cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio y sus niveles de gasto. El caso amplificó el debate nacional acerca de una norma que, según sus defensores, busca simplificar el sistema tributario y favorecer la formalización de activos, pero que para sus detractores se convierte en una vía para evitar explicaciones sobre incrementos patrimoniales difíciles de justificar.
Por ahora, la adhesión de Benegas Lynch no implica ninguna irregularidad judicial ni administrativa. Sin embargo, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para la política argentina: si quienes ejercen cargos públicos deben conformarse con cumplir la ley o también asumir estándares de transparencia más altos que los exigidos al resto de los ciudadanos. En tiempos de desconfianza institucional, la diferencia entre ambas cosas puede resultar decisiva.
¿Qué es la Ley de Inocencia Fiscal?
- Fue impulsada por el gobierno de los hermanos Milei.
- Establece un régimen simplificado para determinados contribuyentes.
- Reduce información patrimonial exigida por ARCA.
- Limita revisiones sobre períodos fiscales anteriores bajo ciertas condiciones.
- Sus defensores sostienen que simplifica el sistema tributario.
- Sus críticos afirman que favorece la opacidad sobre patrimonios y activos previamente no declarados.
F. Castro
imagen. El Diario
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